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Manizales, 10 de Noviembre de 2011.
ACCIÓN URGENTE
La ASOCIACIÓN DE MINEROS TRADICIONALES DE MARMATO -CALDAS- se permite informar sobre las grave situación de seguridad respecto de varios de sus miembros quienes han sufrido amenazas contra su vida, por la actividad de defensa de las actividades mineras artesanales de la población de Marmato.
Hechos
El 9 de noviembre de 2011 siendo las 12:30 pm en la boca de la mina “Carrizales”, se encontraban 4 mineros entre ellos OLIMPO LEON y JESUS ALBERTO MORALES, cuando dos personas de la seguridad de la empresa se acercaron y por medio de sus radios de comunicación ampliaron con altavoces la amenaza de la empresa transnacional de que si no desalojaban inmediatamente esa mina les “darían piso”.
El apellido de uno de estos celadores es AYALA.
Contexto
Desde el 2004 la empresa transnacional con presencia en el Municipio de Marmato adquirio los títulos de varias decenas de minas procediendo inmediatamente a destruir todas las instalaciones y equipos que servian para beneficiar el mineral de oro y dejaron desempleadas a las personas que laboraban en esas minas (más de 833 personas) y detrás de ellas sus familias. Desde aquella época y hasta el primer semestre del año pasado nunca hicieron exploración ni mucho menos explotación en ninguna de ellas, debiendo hacerlo, y solo hasta mediados del año pasado en razón al aumento de la cotización del oro procedieron a ejercer acciones jurídicas para desalojar a los mineros tradicionales que desde más de 4 años atrás habían reactivado las minas abandonadas por la empresa.
Por su parte los mineros han venido actuando de manera prudente y respetuosa de la ley, a diferencia de la empresa que si ha incurrido en actos de violencia y en transgresiones a la ley.
Peticiones
Solicitamos a las autoridades la investigación de los hechos y la búsqueda de los responsables de estas amenazas, que rompen con la tranquilidad de la población de Marmato y atentan contra la seguridad de los Mineros tradicionales.
Responsabilizamos
La responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los tratados y Convenios Internacionales sobre el Estado colombiano, al ser éste el sujeto responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser el que adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional. Por tal razón, su mayor deber jurídico es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, o tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida que estos crímenes se sigan perpetrando.
Igualmente se responsabiliza a la empresa transnacional MEDORO, presuntamente adquirida por GRAN COLOMBIA GOLD.
Atentamente,
ASOCIACIÓN DE MINEROS TRADICIONALES DE MARMATO- CALDAS-
Notificaciones:
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
Fax: (+57 1) 566.20.71
E-mail: comunicacionesvp@presidencia.gov.co
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
JUAN CARLOS PINZÓN
Ministro de la Defensa
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
siden@mindefensa.gov.co, infprotocol@mindefensa.gov.co, mdn@cable.net.co
GERMÁN VARGAS LLERAS
Ministro del Interior
e-mail: german.vargas@mij.gov.co, ministro@minjusticia.gov.co
PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820
VIVIANE MORALES
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 - Bogotá, D.C.
Teléfonos: 570 20 00 - 414 90 00
contacto@fiscalia.gov.co, denuncie@fiscalia.gov.co
WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ
Defensor del Pueblo
Calle 55 # 10-32, Bogotá
Fax: (+571) 640.04.91
E-mail: secretaria_privada@hotmail.com, agenda@agenda.gov.co, defensoria@defensoria.org.co
ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupción@presidencia.gov.co, reygon@procuraduría.gov.co
FRANCISCO JOSÉ PRIETO URIBE
GOBERNADOR (E) DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
Edificio de la Licorera Carrera 21 entre calles 22 y 23 – Manizales-
URIEL ORTIZ CASTRO
Alcalde de Marmato
Universidad de Caldas y Anglogold Ashanti. No al convenio
MEMORIAS ------------------------------------------------------------------------
Seminario Internacional frente a la Megaminería
SEPTIEMBRE 5
O.C.M.A.L
SEPTIEMBRE 6
Mirta Antonelli - Argentina
Leonardo Güiza Suárez
Manuel Rodríguez Becerra
Julio Fierro Morales
Julio Fierro Morales
Marcelo Giraud
SEPTIEMBRE 7
Centro de Estudios Andinos C.E.A
Alexander Martínez Rivillas
Observatorio Social y Ambiental Ecotierra
SEMINARIO INTERNACIONAL:
Ciencia, avances y perspectivas frente a la Megaminería..
Huellas del desarrollo
Minería y Derechos Humanos
Por: Colectivo de Abogados José alvear Restrepo
Un cordial saludo a nombre del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, organización de defensa de derechos humanos que en razón de su trabajo en temas relacionados con la lucha contra la impunidad y el impacto de las transnacionales en la vida de las personas, los pueblos, las comunidades y sus organizaciones ha decantando en conjunto con éstas, algunas reflexiones que hoy les compartimos brevemente dada la amable invitación que nos hacen El Observatorio de Conflictos Ambientales y las organizaciones vinculadas a la convocatoria de este importante y oportuno espacio de reflexión y debate de un tema que permanece aun insuficientemente debatido.
Inicio, no sin antes reiterar que las fuentes fundamentales de donde nuestra organización nutre este análisis son los espacios de reflexión con los afectados, las víctimas y sus organizaciones con quienes durante los últimos diez años, en el marco de las asesorías jurídicas, el desarrollo de los litigios, procesos de formación así como al interior de los procesos organizativos Observatorio Social de Empresas Trasnacionales, Megaproyectos y Derechos Humanos y el Tribunal Permanente de los Pueblos, sesión Colombia.
En aras de ajustarme al tiempo asignado para el abordaje de los temas que se me ha pedido tratar, dividiré metodológicamente esta presentación de la siguiente manera:
- Concepción general y antecedentes de las empresas y derechos humanos
- Potencialidad de vulneración de derechos por parte de las empresas y me detendré en algunos casos en concreto en el que ejemplarificaré algunas recomendaciones generales de exigibilidad de derechos humanos frente a ETN.
- Impunidad y lo que implica el derecho a la reparación integral
- Espacios de exigencia y propuesta desde el movimiento social en relación con sus derechos..
- Introducción: Aclaraciones necesarias; responsabilidad en derechos Humanos:
Se ha sostenido que los derechos humanos constituyen una categoría especial de derechos que sólo pueden ser violados por los Estados y sus funcionarios y no por los particulares. Y que los delitos cometidos por éstos últimos pueden constituir violaciones de los derechos humanos sólo cuando el Estado aparece como copartícipe por acción o por omisión. Es decir que hay violación a los derechos humanos sólo cuando surge, de una manera u otra, la responsabilidad del Estado. De tal manera, la misma acción que engendra la responsabilidad directa o subsidiaria del Estado a título de violación de los derechos humanos, cometida por un particular también engendrará su responsabilidad pero a título de crimen o delito según el respectivo derecho nacional y no a título de violación de los derechos humanos.
Aunque el tiempo no nos permite ahondar en ello, es preciso señalar que existe un importante debate, según el cual, las nuevas formas de criminalidad como la que aquí nos ocupan, interpelan tal enfoque por considerar que “los derechos son inherentes a la dignidad intrínseca de la persona humana, cuyo titular es el ser humano y cuya naturaleza no cambia quienquiera sea el que los vulnere, sea el Estado o los particulares”. Su violación debe ser sancionada en todos los casos y genera a favor de la víctima el derecho a la reparación.
Adicionalmente, se hace énfasis en la necesidad de evitar confundir la obligación de respetar los derechos humanos, que es universal y el deber de garantizarlos, de sancionar su violación y de asegurar la reparación a las víctimas que es función del Estado y de los organismos internacionales de derecho público internacional pertinentes.
Ahora bien, que tan cerca de una violación de derechos humanos debe estar una empresa para que sea jurídicamente responsable?
Antecedentes:
EL CONCEJO DE CONTROL N.10
Además de Nuremberg, las potencias aliadas crearon el llamado Consejo de Control (Control Council), que resultó ser compuesto por los representante de los cuatro países vencedores - EEUU Reino Unido, Francia y URSS. En Diciembre del 1945, el Consejo de Control emanó la Ley no.10 con el propósito de proveer a los tribunales de los territorios ocupados de una base uniforme para juzgar los casos de crímenes de guerra.
Al termino de la segunda guerra mundial, el Consejo Aliado de Control (Control Council No.10) atribuyó responsabilidad criminal a actores económicos privados, y de reflejo, a las entidades corporativas para las cuales los individuos acusados trabajaron. Tres casos en particular han llevado la cuestión de la complicidad corporativa a la atención de jueces y juristas: el caso Farben, el caso Krupp, y el caso Rasche.
Bajo la ley No 10 del Consejo de Control, US formó seis tribunales militares adentro de su zona de ocupación y llevó doce casos frente a jueces de US. Tres casos involucran a empresarios alemanes: el caso Farben (químico farmacéutico: aporte económico), el caso Krupp Rey del acero (trabajo forzoso y financiamiento), el caso Rasche (préstamos financieros a quienes utilizaban trabajos forzosos).
Hoy:
Aunque este debate no es nuevo, y el mundo a sido testigo de la capacidad que tienen estos actores económicos para atizar guerras, propiciar y beneficiarse de las violaciones a los derechos humanos, expertos en la materia, siguen defendiendo la tesis de que es suficiente para tal control, establecer declaraciones de buenas intenciones en forma de soft law, códigos de conducta, licencias sociales, etc, cuya aplicación será controlada por las mismas empresas y por representantes de la “sociedad civil”[1].
Las ETN con frecuencia han recurrido a la promoción de guerras y conflictos inter-étnicos, a la violación de los derechos laborales, a la degradación del medio ambiente, a la corrupción de funcionarios para apoderarse de servicios públicos esenciales mediante privatizaciones fraudulentas, a la monopolización de los medios de comunicación, a la corrupción de las élites políticas, intelectuales y de la sociedad civil y a la financiación de golpes de Estado, de dictaduras y a otras crímenes. Una rápida mirada retrospectiva de los últimos años, traen a la memoria la noticia sobre fraudes de gigantes transnacionales como Enron y WorldCom y otras que han perjudicado a trabajadores, jubilados y pequeños accionistas, el involucramiento de estas corporaciones en actividades mercenarias como se ha mencionado, tráfico de drogas, e incluso de introducción de armas a un país y el pago directo a grupos armados ilegales como es el caso de la empresa Chiquita Brands en Colombia.
En este contexto cabe el interrogantes de si: ¿es suficiente este tipo de normativa blanda, de carácter no vinculante, los controles externos de la “sociedad civil” o de empresas auditoras muchas veces subvencionadas o contratadas por las mismas ETN para garantizar el control de éstas y su respeto a los derechos humanos? Pensamos que no.
Las ETN, como todas las personas en un Estado de derecho, son civil y penalmente responsables por la violación de las normas vigentes, tanto de las normas internacionales, las principales de las cuales son aplicables en el derecho interno, como de la violación de las normas nacionales. Por consiguiente, los códigos de conducta voluntarios no pueden sustituir a las normas dictadas por los organismos estatales nacionales e interestatales internacionales
En síntesis, no debe escapar a los controles democráticos, que se concretan en las reglas de juego del Estado de Derecho, el examen de comportamiento de actores con tanto poder en la sociedad.
-Expresiones con concretas de la potencialidad de daño en los derechos humanos de las empresas en la vida de las
personas y de los pueblos… dos formas de verlo...
Sobre colombia…. El TPP
CASOS PRESENTADOS EN LA AUDIENCIA
Las acusaciones giraron en torno a la responsabilidad de las empresas DRUMMOND, CEMEX, LADRILLERA SANTAFE, HOLCIM, MURIEL, GLENCORE-XTRATA, ANGLO AMERICAN, BHP BILLINGTON, ANGLO GOLD, en casos que fueron sustentados por las organizaciones sociales convocantes de la audiencia del Tribunal sobre minería.
Se denunció a la Compañía DRUMMOND, INC. Y DRUMMOND LTD por el asesinato delos líderes sindicales Valmore Lacarno Rodríguez, Víctor Hugo Orcasita Amaya y Gustavo Soler Mora. Se dijo que las acusadas utilizan los servicios de militares colombianos para proteger sus instalaciones mineras y vías férreas en Colombia. A cambio de estos servicios, la Compañía Drummond, Inc y/o Drummond Ltd. ofrece compensaciones a este personal militar. Y como
es bien sabido, un número significativo de este personal militar también opera como personal paramilitar en Valledupar, Colombia y en otras partes. Además, las Compañías Drummond, Inc. y Drummond Ltd. permiten la entrada libre de conocidos paramilitares a sus instalaciones mineras en Colombia. Estas compañías proporcionan suministros, inclusive combustible a estos paramilitares. Funcionarios de estas empresas mantienen contactos regulares y reuniones con los paramilitares. Según la denuncia, empleados de las compañías acusadas, al parecer con pleno conocimiento ayudaron e instigaron a las fuerzas paramilitares que asesinaron a los trabajadores Locarno, Orcasita y Soler dándoles apoyo financiero, provisiones varias, acceso a las instalaciones empresariales, lo cual contribuyó a que las fuerzas paramilitares pudieran asesinarlos.
A CEMEX, LADRILLERA SANTAFÉ Y HOLCIM se les responsabiliza de la persecución y exterminio del Sindicato de Trabajadores SINTRAMINERCOL. Se denunció como estas tres empresas han incidido en diversos hechos de persecución física y jurídica, amenazas, atentados, presiones psicológicas a los trabajadores para que abandonen su denuncia frente a situaciones en las que estas empresas se hallan implicadas y la lucha por los derechos sindicales, igualmente se refirieron a la precarización laboral a que han sido sometidos. Especial importancia adquieren los hechos relacionados con la seguridad de su presidente que en diversas oportunidades fue víctima de seguimientos y persecución que incluyeron atentados frustrados.
A la empresa MURIEL MINING CORPORATION la acusación le atribuye responsabilidad relacionada con la violación de los derechos territoriales de las comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas, la autodeterminación de los derechos de los pueblos, la cultura y la cosmovisión. Igualmente, por la omisión intencional del Estado y la ETN de realizar la consulta previa para la implementación de megaproyectos que afecten o impacten a las comunidades nativas. Llamaron la atención sobre los beneficios que la ETN pueda derivar de la secuencia sistemática de los crímenes que en los últimos diez años las estructuras paramilitares han cometido con el apoyo de la fuerza pública que opera en la región en las zonas del Bajo Atrato y el Urabá, en los departamentos de Antioquia y Chocó. En esta zona se desarrolla el Proyecto Mande Norte, como megaproyecto minero en el cual el gobierno colombiano, a través de INGEOMINAS, la Gobernación de Antioquia y la Empresa Muriel Mining Corporation para explotar y comercializar las reservas de cobre y los subproductos de oro y molibdeno que se encuentran en los municipios de Carmen del Darién (Chocó) y Murindó (Antioquia), recursos naturales no renovables que se encuentran en gran parte de la cordillera occidental y que hacen parte del denominado Batolito de Mandé. Se dijo que durante los últimos diez años, las estructuras paramilitares han desarrollado un modelo de represión (arrasamiento colectivo), de control (de población y de bienes, sitiamiento y persecución selectiva), y de ocupación territorial (explotación maderera, y de recursos naturales, agronegocios, obras de infraestructura para el mercado mundial y desterritorialización mental, espiritual de pueblos y comunidades). Se mencionó que ello se ha logrado gracias al desarrollo de operaciones conjuntas entre el ejército y los grupos paramilitares tales como la operación “Génesis” en 1996 y la operación “Tormenta del Atrato” en diciembre de 2002.
Las acusaciones frente a GLENCORE-XTRATA, ANGLO AMERICAN, BHP BILLITON se dividieron en dos casos, primero el relacionado con los impactos de la explotación minera sobre las comunidades circundantes a la mina y el otro con la masacre de miembros de la comunidad Wayúu de Bahía Portete y el desplazamiento forzado de éstos. El primero hizo énfasis en las estrategias desplegadas por las empresas transnacionales en alianza con el Estado para obtener el control de los territorios ancestrales de las comunidades indígenas y afrodescendientes y en la consecuente vulneración de los derechos al territorio, al medio ambiente sano, a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, la alimentación, la cultura, la libre circulación y en general la destrucción del tejido social. En relación con el caso de la comunidad Wayúu de Bahía Portete se señaló la responsabilidad de las empresas en los homicidios, desapariciones y desplazamiento forzado y el intento de apoderarse del estratégico puerto natural ubicado en ese territorio, a través de la financiación y el control sobre los organismos de seguridad del Estado como Ejército y Policía. Igualmente denunciaron los impactos por contaminación ambiental generados en el transporte del carbón hacia el puerto.
Las empresas transnacionales ANGLO GOLD ASHANTI –AGA- su filial en Colombia, KEDAHDA S.A ANGLO GOLD y KEDAHDA, en la actualidad han presentado solicitudes de contratos de concesión por parte de la SOCIEDAD KEDAHDA S.A. en 21 departamentos, para un total de 2114 solicitudes, siendo los departamento con mayor nivel de solicitudes en su orden: Antioquia, Bolívar, Cauca, Nariño, Chocó y Huila. Estas solicitudes en tan sólo los departamentos de Antioquia y Bolívar, superan los 2’300.000 hectáreas, cifra que en el país puede superar los cuatro millones de hectáreas, si se tiene en cuenta que estos dos departamentos representan tan solo el 32% de las solicitudes existentes.
En el Sur de Bolívar durante el periodo comprendido entre 1988 y 2006, según los casos conocidos y denunciados, 330 personas han sido objeto de ejecución extrajudicial, mientras que 88 más han sido objeto de torturas y 80 han sido detenidas desaparecidas. Situación que se mantiene hasta hoy. Como caso reciente se mencionó que el 19 de septiembre de 2006, miembros del Batallón Antiaéreo Nueva Granada – Bagra, asesinaron al líder ALEJANDRO URIBE, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Mineros del Bolívar, filial de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar - FEDEAGROMISBOL y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mina Gallo, del municipio de Morales.
Se denunció igualmente que la ETN se ha beneficiado de los crímenes ejecutados por paramilitares a partir del año 2001 en el municipio de Quinchía Risaralda contra pobladores e indígenas de la región. Así mismo la utilización del sistema de justicia para perseguir a las comunidades en medio del trámite de solicitudes de contratos de concesión por la ETN. Y además, los procesos de explotación se han iniciado violando el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados.
Como contexto general se mencionó la evolución de la empresa FRONTINO GOLD MINES que tras una trayectoria similar a las anteriores, que conllevó también un duro proceso de represión y abusos, fue declarada en quiebra pero ahora la larga lucha de los trabajadores abre la posibilidad de que ésta sea administrada de manera compartida por ellos y los pensionados.
UN ESTUDIO DE CASO: EL CERREJÓN Y RECOMENDACIONES PARA LA EXIGIBILIDAD:
QUÉ DICEN LOS MOVIMIENTOS SOCIALES?
La dificultad para la justiciabilidad de derechos de comunidades victimizadas con ocasión de la actividad de Ent's es generalizada, especialmente sobre los impactos que éstas generan en los países del sur. En América se viene presentando desde hace varios años el fenómeno de acrecentamiento de la actividad transnacional y de la acumulación de los impactos que esta tiene en materia de derechos humanos, sin que a la fecha, los Estados hayan tomado correctivos eficientes para prevenirlos o repararlos.
Los mayores problemas en materia de derechos humanos que tiene América Latina frente a las ENT's están situados en los sectores agroalimentario y de extracción de recursos. Sin embargo, la recepción de estos problemas en la vía judicial es sumamente precaria, por lo que como tendencia generalizada, las redes regionales de organizaciones sociales y no gubernamentales se han enfocado en la denuncia y movilización social contra las empresas.
En cuanto al campo extractivo, tal y como lo acotó el Representante sobre Transnacionales, en un rastreo realizado a las denuncias realizadas sobre abusos de las ENT's, “el sector extractivo (petróleo, gas y minería) domina ampliamente la muestra de abusos denunciados” (Relator transnacionales 2006: Párr 25).
Son múltiples los escenarios sociales en los que este tema se ha debatido y desde donde la sociedad civil ha sentado posiciones, por ejemplos:
En 2001, la red internacional OILWATCH en Porto Alegre, presentó un documento de posición sobre globalización, transnacionales y petróleo en los siguientes términos: “Aunque no podemos ignorar a las transnacionales, si podemos crear una sociedad paralela a ellas. Si es posible resistir a sus estrategias y adquirir cada vez más control sobre nuestras vidas, nuestros países y nuestros recursos naturales. Entre sus estrategias, las transnacionales se mantienen y adquieren legitimidad sobre la base de desarrollar programas de relaciones comunitarias con las poblaciones locales, con el fin de neutralizarlas. La participación, por ejemplo, reemplaza a la oposición; la consulta se convierte en una forma de avalar proyectos; el diálogo, en concertación. Lo único que se permite, es introducir reformas cosméticas a una operación petrolera, pero en ningún caso se reconoce y respeta los derechos colectivos adquiridos como pueblos. Ante ello, podemos enfrentarlas, sin entrar en sus procesos de negociación, de diálogo, ni aceptar sus términos de referencia” (OILWATCH 2001).
Un año más tarde, en la versión 2002 del FSM se realizaba el Tribunal Internacional de los Pueblos sobre la Deuda, en la que los acusados, bancos y corporaciones transnacionales, fueron encontrados culpables como autores, coautores, cómplices y encubridores de múltiples delitos y crímenes, entre ellos, “forzar la imposición de programas de integración económica que se caracterizan por favorecer únicamente los intereses de las empresas transnacionales de los países industrializados del Norte y por violar a los derechos fundamentales y colectivos de los pueblos” (Tribunal Deuda 2002).
En su versión 2005 fue emitido el Llamamiento de los movimientos sociales a la movilización contra la guerra, el neoliberalismo, la explotación y exclusión por otro mundo posible, en el que las ENT's fueron reiteradamente mencionadas por los impactos que causaban en los derechos humanos, advirtiendo que “La Responsabilidad Social de las Transnacionales no logró eliminar los abusos y crímenes de las transnacionales. Por ello tiene que ser seriamente desafiada. Los movimientos trabajarán juntos para quitar poder a las transnacionales, parar sus abusos y crímenes. Las comunidades tienen que tener libertad para protegerse a sí mismas, a su medio ambiente y a la sociedad del dominio de las transnacionales.” (FSM 2005)
En lo sucesivo, los FSM temáticos y regionales continúan abordando la problemática, produciendo decenas de declaraciones de repudio contra sus actividades. El consenso general es el de la movilización en contra de las empresas y de los proyectos que impliquen la vulneración de derechos humanos y ambientales.
Ent's y encuentros regionales indígenas
Los pueblos, nacionalidades y organizaciones indígenas vienen incluyendo la denuncia de los efectos de las actividades transnacionales de manera preponderante en los últimos años, y se viene posicionando como uno de los temas claves en la interlocución con los Estados.
En la II Cumbre Continental de pueblos y nacionalidades del Abya Yala realizada en Quito, en julio de 2004, la Declaración final incluyó la exigencia a los gobiernos de que “solucionen todos los conflictos causados por la explotación de los recursos naturales y la falta de garantía territorial y de vida cuando se ejecutan políticas estatales y transnacionales tales como los casos de Sarayaku, Raposa Sierra del Sol, Plan Colombia, Río Pilcomayo, Montes Azules, Camisea, Caso del Gas de Bolivia y Margarita, Ashánica” (Declaración II Cumbre Abya Yala 2004).
En la Declaración del Diálogo de Alternativas y Alianzas de los Movimientos Indígenas, Campesinos y Sociales del Abya Yala realizado en La Paz el 26 de febrero 2009, las organizaciones indígenas afirmaron la articulación de sus luchas en varios ejes comunes, varios de los cuales tenían como centro la actividad de las ENT's: “Integración desde y para los pueblos y no para el lucro de las Transnacionales, sus TLC y Megaproyectos; Intangibilidad de la Territorialidad de los Pueblos y Tierras campesinas frente a las invasiones de transnacionales extractivas; y, Detener la Catástrofe climática provocada por el consumismo capitalista”.
Esta última acción suponía la promoción de “cambios estructurales de convivencia con la Naturaleza mediante el Buen Vivir/ Vivir Bien. No a la “adaptación” conciliadora con la ambición de las transnacionales” (Declaración Abya Yala 2009).
En la Declaración de la Conferencia Internacional sobre industrias extractivas y pueblos indígenas, organizado por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas -CAOI-, del 2 de abril de 2009, contenía, entre otras peticiones, el deber de los estados de “rechazarse el modelo de desarrollo basado en el consumo y producción insostenibles y en la globalización corporativa, que empuja la entrada de las industrias extractivas en nuestros territorios. Los proyectos de industrias extractivas no pueden tener preferencia sobre nuestro derecho a las tierras, sin que importe si nuestros derechos están reconocidos legalmente o son derechos de usufructo. Los proyectos de las industrias extractivas no deben tener preferencia sobre el derecho humano al agua. El agua es especialmente importante en nuestras vidas y es sagrada para nosotros. Además, las mayores reservas de agua dulce se encuentran en nuestros territorios. Debe terminarse la imposibilidad de hacer que las industrias extractivas rindan cuentas en los países en los que operan y en los países de origen y deben crearse de inmediato mecanismos para la rendición de cuentas y el cumplimiento de las obligaciones”.
En la Declaración del Encuentro regional andino – amazónico de los pueblos indígenas originarios, campesinos y comunidades interculturales de Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador, se estableció: “Nos declaramos en movilización y lucha continental de los pueblos originarios en el mes de octubre, mediante el fortalecimiento de la diplomacia indígena y solidaridad entre los Pueblos Indígenas del continente, (...) contra las empresas transnacionales como: mineras, gasíferas, agro-combustibles, petroleras, madereras, farmacéuticas, hidroeléctricas que vienen interviniendo en nuestros países” (Declaración pueblos originarios 2009)
En el Foro de los Pueblos Indígenas Minería, cambio climático y buen vivir, realizado en Lima en noviembre de 2010 se realizó un llamado “A realizar una Movilización Continental el 21 de junio del 2011 en defensa de la vida, por la reconstitución del Buen Vivir, por el ejercicio pleno de nuestros derechos frente a los impactos de la minería, la crisis climática y las empresas transnacionales” (Declaración Lima cambio climático 2010), lo cual es constitutivo de la enorme importancia que el tema cobra entre las comunidades indígenas.
El Tribunal Permanente de los Pueblos -TPP-, ha comprendido la responsabilidad sobre las violaciones de derechos humanos en varios niveles "De una parte, están los Estados que tienen el deber de prevenir, proteger y sancionar las violaciones a los derechos humanos, por parte de sus agentes y por parte de actores privados (sobre todo los más poderosos como las ETN). Hay una responsabilidad por omisión del deber de proteger los derechos por parte de las conductas de las ETN y una responsabilidad por acción cuando estimulan la presencia de ETN, concediendo licencias de operación, flexibilizando las normas laborales, ambientales, tributarias a favor de los intereses de estas empresas. " (TPP Lima 2008).
Particularmente la experiencia del TPP – Capítulo Colombia, un proceso desarrollado entre 2005 y 2008, pionero en la documentación de casos de violación de derechos civiles y políticos; económicos, sociales y culturales; al medio ambiente; derechos colectivos de los pueblos indígenas y la situación de impunidad, que directamente involucran la responsabilidad de ENT 's, juzgó a la actuación de las empresas mineras ENT's Drummond, Cemex, Holcim, Muriel mining corporation, Glencore-Xtrata, Anglo American, Bhp Billington, Anglo Gold Ashanti, entre otras por su participación, en algunos casos, directa y activa, y en otros, actuando como cómplices o instigadores, en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, acentuando que en todos los casos, las ENT's se beneficiaron "económicamente de la existencia y de las características del conflicto armado en Colombia y de las violaciones de derechos que en ese marco se han producido" (TPP Colombia 2008).
Así mismo, la responsabilidad Estatal fue demostrada en tal escenario. Al gobierno de Colombia se le encontró responsable de establecer un marco legal que facilitó la comisión de las violaciones de los derechos; de omitir su deber de protección al medio ambiente; de vulnerar directamente los derechos colectivos a la tierra, a los recursos naturales, al autogobierno, a los derechos de participación y al desarrollo propio de los pueblos originario; y por su participación directa e indirecta, por acción u omisión en los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra denunciados durante el procedimiento.
A los Estados cuya nacionalidad tienen las casas matrices de las ENT's juzgada, también se les encontró culpables por "permitir e incluso avalar que dichas entidades jurídicas puedan incumplir en su actividad económica en otros países, como Colombia, los estándares internacionales de derechos humanos que en sus países de origen en todo caso serían obligadas a respetar" (TPP Colombia 2008), haciendo una especial referencia al gobierno estadounidense por su decisiva influencia en los planos político, económico y militar, coadyuvado así a mantener el estado de cosas impune denunciado.
En la parte final del dictamen, el TPP recomendó a los Estados la adopción de medidas de tipo jurídico y político para el control efectivo de las ENT's, en un programa que resume la postura general de los movimientos sociales latinoamericanos frente a las empresas:
Someter de manera vinculante sus relaciones económicas internacionales y sus decisiones de política económica y de cooperación internacional, bajo los estándares de primacía, garantía y respeto de los derechos humanos, desarrollo humano, democracia y protección ambiental.
Exigir a las corporaciones multinacionales e instituciones financieras, internacionales, comerciales y de capital privado el abandono de su doble moral y que se comprometan a hacer efectiva, de manera obligatoria y no discrecional, bajo control ciudadano, una política que respete prioritariamente el derecho internacional de los derechos humanos.
A los Estados de origen de la ETN y los Estados donde ellas desarrollan sus actividades que vigilen para que las ETN cumplan efectivamente las normas existentes, y dictar normas internacionalmente vinculantes para que estas empresas apliquen, en cualquier lugar, los mismos estándares de respeto de los derechos humanos, independientemente del país en que operen.
A garantizar que las ETN que violan los derechos humanos, los derechos laborales y sindicales y comprometen el medio ambiente respondan de sus actos y de las consecuencias de éstos ante las instancias del derecho interno de cada uno de los países y, eventualmente ante un Tribunal internacional.
Considerando que las riquezas y los recursos naturales no pertenecen a los gobiernos, sino a los pueblos, que tienen el derecho de disfrutarlos y utilizarlos plena y libremente (art. 25 del Pacto internacional de los derechos económicos, sociales culturales de 1966 y art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos del 1976), es preciso aplicar medidas inspiradas en el principio internacionalmente reconocido del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades locales y los pueblos indígenas así como en el principio de precaución, cuando se proyecte aplicar acuerdos y políticas de desarrollo e inversión de capitales que puedan producir efectos negativos sobre la tierra, el espacio de vida y los derechos fundamentales; y garantizar el derecho de oposición de personas y comunidades que consideren vulnerados sus derechos individuales y colectivos por iniciativas o por acciones de las ETN.
Incrementar las obligaciones fiscales de las ETN, para evitar su enriquecimiento desproporcionado, desde el gobierno nacional y los gobiernos locales (comenzando por la minería, donde han sido escandalosamente reducidas.
Limitar las áreas de explotación de las ETN, prohibiéndola en los territorios indígenas (sin el consentimiento de las poblaciones) y en la zonas productoras de agua, en las zonas forestales protegidas, en las declaradas como patrimonio nacional y en las que la UNESCO haya declarado como patrimonio de la humanidad.
Reconocer el derecho para recurrir directamente ante los tribunales de justicia y demandar las responsabilidades y la reparación de eventuales violaciones de derechos causados por las ETN. (TPP Colombia 2008)
Como se ha visto, la movilización social en contra de las transnacionales en escenarios más o menos formales es amplia, global y permanente. En América Latina, hoy el tema está en la agenda de los principales escenarios de movilización social. Pese a que hemos dejado de reseñar muchas otras iniciativas sociales en la materia, esta muestra visibiliza que existen y que en todas ellas hay una pretensión de que se haga justicia formal a las violaciones cometidas con ocasión de la actividad transnacional.
Aunque los Estados no han tomado medidas de prevención de las violaciones y la reparación a las mismas se ha trasladado al área de Responsabilidad Social Empresarial -RSE-, cabe destacar que las iniciativas como el TPP han facilitado enormemente el trabajo de sistematización de casos colectivos de vulneración de derechos, lo que en algunos casos se ha traducido en la judicialización formal de los casos o en el soporte para que las investigaciones judiciales avancen. Podemos destacar, por ejemplo, que en el Ecuador, se logró una revisión por orden del Ejecutivo, del nivel de ilegitimidad de la Deuda y como gran logro normativo, la disposición constitucional de que el Estado debe particpar en los beneficiamiento de los recursos naturales “en un monto que noserá inferior a los de la empresa que los explota” (Artículo 408 Constitución del Ecuador).
En el caso colombiano pueden resaltarse los casos de Chiquita y Drummond, abordados en el TPP, en los que se ha comprobado los fuertes nexos existentes entre estas multinacionales y grupos paramilitares que han perpetrado graves violaciones de derechos humanos en contra de comunidades y organizaciones sociales. A pesar de las pruebas existentes y la insistencia de las víctimas y familiares para que las investigaciones, juzgamientos y sanciones a los responsables se desarrollen acorde con las obligaciones contraídas por el estado colombiano, éstas se han quedado en el primer caso en los preámbulos de la investigación y en el segundo, aunque se han dictado varias sentencias están llegan únicamente hasta la sanción a paramilitares sin que estas trasciendan a los empresarios de la multinacional norteamericana.
Puede concluirse que la visibilización del fenómeno transnacional en espacios no formales de denuncia o juzgamiento, viene impactando lenta pero positivamente en las posibilidades de protección de los derechos de las comunidades vulneradas. En primer lugar, al permitir la organización social alrededor de la idea de justicia, se revitalizan escenarios de movilización social que estaban enmudecidos en razón a la represión sufrida en los territorios donde operan las Ent's. En segundo lugar, obligan a la apertura de diligencias judiciales formales a las que los miembros de las empresas deben concurrir a desestimar las denuncias, provocando un foro de discusión ajeno al que clásicamente han tenido a su favor: la consulta limitada y fraudulenta que realizan a las comunidades.
Ya una vez atraídos a los espacios jurisdiccionales ordinarios, la carta de la RSE deja de operar como un sustituto de la obligación de respeto de los derechos humanos de los afectados.
Gracias
[1] Comentarios del profesor Teitelbaum al primer informe del señor Ruggie, http://alainet.org/docs/13433.html y sobre el segundo informe que fue presentado por el Centre Europe Tiers Monde con el código A/HRC//4/74 a la sesión de marzo de 2007 del Consejo de Derechos Humanos. Una síntesis del mismo fue publicada por el Transnational Institute (www.tni.org) en inglés y en español.
Declaración
sobre el convenio firmado entre la Universidad de Caldas y Anglo Gold Ashanti
El convenio firmado entre la Universidad de Caldas y AGA-Colombia para realizar un monitoreo ambiental en la mina La Colosa en Cajamarca Tolima, firmado en el primer semestre del 2011 por el representante legal de la Universidad Ricardo Gómez Giraldo, mediante un acto en el que no fue tenida en cuenta la postura de estudiantes, docentes y comunidad académica en general, ha sido el punto de partida para reflexionar en el Seminario Ciencia, Avances y Perspectivas frente a la Megamineria, realizado durante los días 5, 6 y 7 de septiembre en Manizales. En este espacio de diálogo se reunieron: académicos, investigadores (nacionales e internacionales), docentes, líderes campesinos, mineros, indígenas y organizaciones sociales para compartir, investigaciones, hallazgos, experiencias, sentimientos, dolores y denuncias de la actividad de la Megamineria en Colombia y en algunos países de Latinoamérica, así como sus impactos y daños en múltiples dimensiones: ambiental, político, económico, social, ecológico y cultural.
El mencionado convenio de monitoreo ambiental, ha generado respuesta de la comunidad académica de la Universidad de Caldas, en la que docentes, académicos, centros de estudios, maestrías, grupos y semilleros de investigación asociados a la Universidad, han manifestado su desacuerdo en torno a un contrato oscuro del que poco se sabe. Esta situación de desconocimiento es una de las maneras en que se manifiesta el modus operandi de las compañías mineras transnacionales alrededor del mundo, al respecto los asistentes internacionales la calificaron como: fragmentación e información ambigua y a medias, concebida para reorientar las funciones de la Universidad Pública, como una de las manifestaciones del modelo político neoliberal seguido por el Estado Colombiano, quien en su afán de adquirir más recursos económicos, plantea la locomotora minera como política de extracción de los minerales que se encuentran en el subsuelo de la nación.
La articulación de la universidad pública en un megaproyecto minero a gran escala y a cielo abierto por parte de una compañía minera transnacional, cuestionada por la violación de los derechos humanos en Colombia y en África, se hace para lograr una legitimidad y respaldo científico y académico de un proyecto que no genera ningún tipo de mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones asentadas, pero que se cotiza cada vez más en un mercado internacional en que la onza de oro Troy ha sobrepasado los 1.900 dólares. La legalidad otorgada por el Estado para la explotación minera se complementa con la pretendida legitimidad que ofrece la Universidad. El rigor científico y la ética argumentadas por docentes y directivos que representan dicho convenio queda en cuestión al mantenerse una ingenua y miope visión de la ciencia que no atiende las problemáticas más sentidas de la región pero que si favorece los intereses y capitales del mercado internacional del oro. Es así como, argumentando la labor de la ciencia por la ciencia, la administración y directivos actuales de la Universidad de Caldas, por desconocimiento, visión fragmentada y funcional, se harían cómplices de la acentuación de conflictos ambientales con incalculables repercusiones sociales, culturales, e incluso del conflicto armado colombiano.
Actos como estos hacen la necesaria función de proyección de la Universidad quede en entre dicho. Esto, en la medida en que el modelo del libre mercado reemplaza la responsabilidad de atender las diferentes problemáticas de las comunidades y de mejorar el bienestar social a escala regional por una proyección internacional (acreditación) en la que el capital privado reelabora la creación científica. En este orden de ideas, la relación Universidad - Sociedad, es redefinida por la relación Universidad –Empresa, y se convierte en el dispositivo esencial de la Universidad de Tercera generación que la actual administración ha configurado.
Con base en esta reflexión realizada por múltiples voces académicas, administrativas, sociales y populares han manifestado postura frente a la Megaminería, rechazando el convenio firmado entre la Universidad de Caldas y AngloGold Ashanti por que suprime la naturaleza de la universidad pública, desvirtúa su compromiso social y ético con la región y degeneran las funciones de extensión, investigación y proyección que le son propias.
A la vez, hacemos una invitación abierta a la administración de la Universidad a reconsiderar la firma del contrato en cuestión y a la comunidad universitaria y a los diferentes actores políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales de todo el país a continuar la reflexión en torno a los retos de la universidad pública, de cara a las regiones del país.
Por la derogatoria autónoma del convenio firmado entre la Universidad de Caldas y la Anglo Gold Ashanti.
EVENTOS ------------------------------------------------------
DECLARACIÓN DEL CONGRESO DE TIERRAS, TERRITORIOS Y SOBERANÍAS
http://congresodetierrasyterritorios.elalimentoesvital.com
Cali, octubre de 2011
11.500 delegadas y delegados de las organizaciones campesinas y de trabajadores y trabajadoras del campo y las ciudades, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de pobladores urbanos, las organizaciones de víctimas de crímenes de Estado y de víctimas del desarrollo capitalista, nos hemos reunido en Cali entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de 2011 en torno de la defensa de la vida y de la Madre Tierra, para ratificar nuestra voluntad de trabajo y movilización conjunta, y continuar el proceso de legislación propia sobre el territorio.
1. Hemos venido a defender la vida y la Madre Tierra. Hemos comprobado que la única opción de vida no es el consumismo, la adicción al petróleo, la destrucción de la naturaleza y la economía impulsada por la guerra. Los aquí presentes ya venimos construyendo la alternativa: territorios gobernados por las comunidades, relaciones sociales y de trabajo equitativas e igualitarias, economías sustentables donde impera el uso respetuoso de los bienes de la naturaleza, decisión autónoma sobre la producción de alimentos, lamentamos que el gobierno y algunos medios de comunicación insistan en señalar que estos propósitos, y las movilizaciones que realizamos para concretarlos, sean amenazas terroristas. Como ha dicho el editorial de El Tiempo del 3 de octubre, hay un aumento sensible de la movilización popular; pero se equivoca al ver que tras estas acciones está la presencia insurgente. El uso rutinario del señalamiento les impide ver que detrás de la movilización social en realidad está la respuesta indignada de la gente frente a la destrucción de la naturaleza, la invasión de los territorios por las industrias extractivas, el despojo de los bienes naturales, la continuidad de una estructura agraria inicua --denunciada estos días en el Informe de PNUD.
2. Dos tesis hemos confirmado: la profunda inequidad del sistema político y socio-económico que rige a Colombia, y la oposición del bloque político en el poder para transformar ese modelo y reformarse a sí mismo. Por el contrario: el país sigue secuestrado por las mafias y la parapolítica, y las acciones que el gobierno nacional dice realizar para enfrentar estos sectores evidencian que no irá a la raíz del problema --la persistencia del latifundio armado y la alianza de éste con la oligarquía industrial y financiera--, y por el contrario utilizará la justa aspiración social de combatir el paramilitarismo y el despojo de tierras, para ajustar aún más el modelo territorial a los requerimientos del capital.
Esta certeza ratifica lo que venimos diciendo de tiempo atrás. Que no será en los espacios de la institucionalidad donde los sectores populares encontraremos la respuesta a nuestras exigencias por los derechos; que nos ha tocado legislar y actuar por nuestra propia cuenta para garantizarlos; que debemos ir más allá de ser oposición política, y construir por nuestro lado y a nuestro modo el país que soñamos y queremos. Nuestra intervención en espacios gubernamentales para exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a los derechos humanos, solo tiene sentido si al mismo tiempo en las comunidades construimos gobierno propio y fortalecemos nuestra capacidad de ordenar la vida y el territorio.
3. El conjunto de las medidas legislativas y de políticas que los últimos gobiernos vienen impulsando o pretende llevar a cabo --la conversión de Colombia en una mina a cielo abierto, la imposición de las llamadas “locomotoras del progreso”, la entrega del campo a las Zonas de Desarrollo Empresarial, la adjudicación del país a la industria minero-energética, el estrangulamiento de los ríos y las aguas, en suma, volver a Colombia una zona franca de 200 millones de hectáreas,-- no es otra cosa que la agenda del capital nacional y transnacional, y se sintetizan en lo que podemos llamar la “privatización de los territorios”, es decir, quitarle a la sociedad y los pueblos el derecho de ordenar y gobernar sus espacios de vida y entregárselos al capital privado.
Cada una de las luchas que nuestros pueblos vienen dando los últimos meses, son para enfrentar este despojo. En Santurbán (Santander) para que las decisiones sobre el agua las adopten las comunidades que la beben; en el Quimbo (Huila) e Hidroituango (Antioquia) para que la elección entre comida para las comunidades o energía para las transnacionales sea una decisión de los pobladores y no de las burocracias al servicio del capital; en Puerto Gaitán (Meta) para restituir al país el patrimonio del subsuelo; en La Toma (Cauca) para que las comunidades afrodescendientes sigan mandando sobre sus fuentes de vida; en La Colosa (Tolima) para seguir siendo los dueños de su agua y de su vida; en el norte del Cauca indígena, para que el TLC con los Estados Unidos no despoje a los pueblos de su autonomía alimentaria; en Bahía Málaga (Valle), Bahía Solano (Chocó) y Bahía Portete para que los puertos no destruyan la base alimentaria de las comunidades; en San Andrés para que los raizales no sean desterrados en su propia tierra; en las grandes ciudades para que las zonas francas y los puertos secos no sean sitios prohibidos para la población; en Teorama y El Tarra para impedir que la Madre Tierra sea profanada. Cada una de estas luchas populares son para impedir la desterritorialización y el despojo.
4. Aunque víctimas del desarrollo y del despojo, nuestras comunidades han pasado a ser defensoras de la soberanía que el Estado -que debería ser su garante- ha abandonado en la feria de la “confianza inversionista”. La reactivación de las luchas sociales populares en Colombia se vienen dando justo por el camino de defender la Madre Tierra, los territorios y la soberanía nacional.
Se trata de una dinámica similar en todo el mundo. La captura de los Estados por los intereses privados ha despertado una ola de indignación en Europa, Suramérica y los Estados Unidos contra el despojo de la economía y la vida pública. Todos ellos reclaman, igual que nosotros y nosotras, el derecho de dirigir sus vidas, sus economías y sus países. No dudamos en decir que somos parte de ésos, los indignados y las indignadas del mundo.
5. Los pueblos, organizaciones y procesos asistentes hemos adoptado 7 mandatos temáticos, 10 macroregionales y un Mandato de Mandatos sobre Tierras, Territorios y Soberanías. Se trata de compromisos serios en la construcción del nuevo país, adquiridos por organizaciones y procesos que asumimos la responsabilidad de realizarlos. Entre ellos consideramos de vital importancia los siguientes:
1.Consolidar la unidad del movimiento y las organizaciones populares para cuidar a la Madre Tierra, defender los territorios y consolidar la soberanía popular. El espíritu unitario y fraternal que nos ha acompañado en este Congreso, tendrá que converger en un gran Movimiento Social y Popular por la Tierra, el Territorio y la Soberanía. Un primer paso es la conformación de un espacio de coordinación de los procesos que nos sumamos a estos mandatos.
2. El segundo mandato general es cuidar la Madre Tierra y reconocerle sus derechos. Quien no cuida la Madre Tierra no la merece. Y no la merecen los que destruyen las fuentes de agua para explotar oro o petróleo. Este Congreso ha mandatado prohibir la gran minería y la explotación petrolera desaforada. En consecuencia, ha declarado no grata e ilegal la presencia en nuestros territorios de la Anglo Gold Ashanti, la BHP Billiton, Xtrata, Pacific Rubiales, Cosigo Resources, Smurfitt Kappa, Cemex, Medoro Resources, Grey Star (hoy Eco Oro Minerals Corp) y Unión Fenosa, por su participación directa en agresiones a las comunidades y territorios, y su atentado sistemático a la soberanía nacional. Les notificamos que acudiendo al derecho ancestral de indígenas y afrodescendientes, a los derechos de los pueblos y de la Madre Tierra, al derecho a la vida y paz, y a las normas constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos, realizaremos las acciones que correspondan para impedir su presencia, para que salgan del país y sean sancionados.
3. El tercer mandato es realizar –como organizaciones sociales populares-- todas las acciones políticas civiles para construir un camino hacia la solución política del conflicto armado. La guerra en nuestros territorios altera profundamente la armonía de las comunidades y de la naturaleza, y no es posible esperar mejoras en los derechos humanos si el conflicto continúa. El derecho a la paz solo se cumplirá si la realizamos nosotros y nosotras mismas con la resistencia a la guerra, la exigencia a los actores armados para que respeten el derecho humanitario --en especial la oposición a que el cuerpo de las mujeres sea utilizado como botín de guerra--, y las acciones directas de desmilitarización de nuestros territorios. El pueblo colombiano y todas sus expresiones sociales adoptaremos una agenda de diálogos nacional y regionales en el Congreso Nacional de Paz que tendrá lugar el próximo año, al cual nos convocamos.
4. El cuarto mandato general es profundizar la liberación de la Madre Tierra y la realización participativa de la reforma agraria. No permitiremos que en el lugar de los grandes latifundios del narcotráfico y el paramilitarismo, que deben ser desmantelados, se instale el gran latifundio de los conglomerados agroindustriales. Por el contrario, esas tierras –robadas en cientos de años a indígenas, campesinos y afrodescendientes-- deben restituirse a nuestras comunidades. Ocuparemos pacíficamente lo que por historia y por derecho nos pertenece; y allí donde se puedan presentar diferencias sobre los derechos territoriales de cada pueblo o sector, acudiremos a los principios de la unidad y el respeto interétnico para resolverlas.
5. El quinto mandato general es constituir a las organizaciones sociales y comunidades como protectoras del agua. Desde el ejercicio del gobierno propio y autoridad, abordaremos el manejo, gestión y protección de las fuentes de agua, confrontando su privatización y degradación producto de la expansión de la frontera agropecuaria y minero-energética y el desarrollo de megaproyectos que amenazan su disponibilidad.
6. El sexto mandato general es construir una economía propia y articulada de los pueblos, no supeditada al mercado global, que garantice la soberanía y autonomía alimentarias y los saberes asociados a las semillas, las plantas y los alimentos. Vamos a fortalecer las prácticas de producción, transformación, intercambio y consumo culturalmente apropiadas, socialmente justas y en armonía con la vida; no utilizaremos ni permitiremos agrotóxicos y transgénicos; impediremos la presencia de los agrocombustibles, plantaciones forestales y otros monocultivos que amenazan nuestra soberanía territorial y alimentaria.
7. El séptimo mandato es realizar una reforma de territorial del país que contenga un ordenamiento territorial urbano popular democrático de las regiones reconociendo la diversidad y las diferencias tanto de pueblos que habitan al interior de los territorios urbanos, como entre las ciudades de Colombia.
8. El octavo mandato general es emprender todas las acciones necesarias hasta que los responsables intelectuales y materiales del exterminio contra nuestros pueblos sean juzgados. Recogemos las semillas de vida, memoria, verdad, justicia y reparación, sembradas por las luchadoras y luchadores populares en la defensa de la vida y de la Madre Tierra, y víctimas de este conflicto.
9. Los niños y niñas presentes en Congreso han aprobado un mandato adicional: debemos consolidar espacios para que deliberen y sus aportes sean tenidos en cuenta. El futuro del territorio está en peligro si no despertamos sus corazones y sus conciencias para que lo defiendan. Obedeciendo su palabra mayor, generaremos siempre los espacios donde los niños y niñas de nuestros pueblos puedan pensar y construir el país de sus sueños.
Éstos son los mandatos de los pueblos y las organizaciones populares. Los cumpliremos. Nos movilizaremos en calles y campos para hacerlos realidad. Llamamos a todos y todas a comprometerse con ellos, a la intelectualidad a sumarse a esta construcción de país, a los partidos políticos populares a acatarlos.
Cansados de obedecer. Cansados de ser consultados mientras otros deciden. Queremos gobernar. ¡Vamos a gobernar en nuestros territorios!
La Madre Tierra es de quien la cuida, los territorios son de los pueblos,
la soberanía es popular
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Propuesta de país para una vida digna
Seminario Internacional frente a la Megaminería
